La seguridad social es el derecho irrenunciable a una vida y existencia dignas, proyectadas en instrumentos garantizados por el Estado y apoyados por el grupo social, a fin de hacer posible un desarrollo integral sostenido y productivo de la sociedad y el individuo. Como parte esencial de la seguridad social, el derecho a una pensión se materializa en Colombia a través del Sistema General de Pensiones (SGP), determinado en la normatividad de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el SGP es ineficiente en dos sentidos: Primero, el sistema pensional tiene baja cobertura, lo que pone en evidencia problemas de desigualdad y pobreza en la población de tercera edad. Segundo, dentro del grupo global de pensionados, existe un subconjunto de personas cuyo régimen de pensión, es diferente al establecido por la Ley 100, bien sea por la práctica de figuras legislativas, como regímenes exceptuados o mecanismos como las convenciones colectivas, que les permiten obtener mayores beneficios a los que recibirían si se acogieran al SGP, generando graves condiciones de inequidad.
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